El pleno ordinario de la Corporación Municipal correspondiente al mes de octubre, que se celebró el pasado jueves, aprobó  la bajada del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), intentando paliar la presión fiscal al máximo posible que permite la situación financiera del Ayuntamiento, que arrastra una importante deuda heredada de legislaturas anteriores.

El Gobierno municipal se compromete, no obstante, a seguir bajando este y otros impuestos si las posibilidades económicas lo permiten durante la legislatura.

Por otro lado, se debatió la tasa de basuras que impone el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno municipal se vio obligado a aprobar este nuevo tributo a los vecinos, que el alcalde, Fernando Romo, y todo su equipo rechazan rotundamente.

Romo denuncia que la Unión Europea solicitaba tasas a los productores de residuos en función de la cantidad que generaban, mientras que el Gobierno central ha obligado a los ayuntamientos a imponer un tributo individual. 

En concreto, el pleno aprobó la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, que hasta ahora, no se cobraba en el municipio a las viviendas de uso residencial porque era asumida por el Ayuntamiento.

Para calcular la tasa se ha elaborado un estudio técnico económico, que ha concluido con la elección de un sistema que contempla una cuota fija y una cuota variable, en función del tipo de uso/ actividad del bien inmueble y de la superficie construida, de conformidad con la información obtenida del Catastro Inmobiliario.

Este sistema es el menos gravoso para los vecinos y, por ello, es por el que ha apostado el Gobierno municipal. En el caso de las viviendas, el coste fijo varía entre los 50 y los 120 euros/año, y el coste variable, entre los 0,30 euros/m2 y los 0,14 euros/m2, en función del grupo en el que está, según su tamaño.

De esta forma, los hogares de Algete pagarán 74 euros al año (algo más de 6 euros al mes) si tienen 80 m2 y 182 euros al año (15,16 euros al mes) si cuentan con 300 metros cuadrados.

El cobro de la tasa se producirá en septiembre de 2025.

Con el objetivo de minimizar el impacto de este tributo en el bolsillo de los contribuyentes, se aplicarán facilidades de pago y bonificaciones del 25% para las empresas de distribución alimentaria y de restauración, que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios.

También se beneficiarán de una bonificación del 25% las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, que sean beneficiarios de una renta mínima de inserción o del ingreso mínimo vital.

De esta forma, el Consistorio se ve en la obligación de que entre en vigor la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (Ley 7/2022), por la que el Gobierno de Pedro Sánchez obliga a todos los ayuntamientos de España a repercutir en los contribuyentes el coste total de los gastos derivados de la recogida, transporte y tratamiento de residuos, que afecta a locales –establecimientos–, actividades y viviendas.